La falta de material sanitario y la desescalada centran las denuncias que en estos días se están acumulando en los juzgados contra la gestión del Gobierno y del Consell durante la pandemia.

La gestión de la pandemia en nuestro país ha sido puesta en tela de juicio por diferentes asociaciones que culpan al Gobierno y al Consell por el elevado número de fallecidos que el COVID-19 ha causado en España.

Dos meses después de declararse el estado de alarma, tanto el Gobierno como el Consell, se encuentran con varios frentes judiciales abiertos.

El principal problema al que debe enfrentarse la Conselleria de Sanidad en la Comunidad Valenciana es la falta de material de protección para los sanitarios .

En este sentido, el Sindicato Médico ha conseguido en dos autos que se ordene a la Conselleria a dotar de los medios de seguridad necesarios a las plantillas de los centros sanitarios.

En este mismo contexto, la semana pasada, se admitió a trámite la denuncia presentada por el Sindicato CSIF contra la Conselleria por falta de material de protección manifestando que podría haber cometido un delito de prevaricación por omisión o de homicidio imprudente.

Diferentes asociaciones se suman a las denuncias por la gestión de la pandemia

No solo desde las asociaciones profesionales se ha denunciado la falta de material. Diferentes asociaciones de afectados están alzando su voz en contra de la actuación de la Conselleria.

La familia de un médico del SAMU fallecido por coronavirus en abril, ha presentado una querella contra la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por un posible delito contra la seguridad de los trabajadores.

A la vez han creado la Plataforma de Afectados por el Coronavirus-Covid-19 en la Comunidad Valenciana, presidida por la viuda del médico, Enriqueta Cuchillo, con el fin de dar apoyo tanto emocional como jurídico a las diferentes iniciativas que puedan surgir contra las administraciones.

Por otra parte, la gestión de las residencias de ancianos también ha sido cuestionada.

Los familiares de los afectados por el coronavirus en la residencia de ancianos Domus VI de Alcoy han puesto en marcha otra asociación de afectados. En este residencia, se han contabilizado cerca de 75 muertes entres sus 138 residentes.

Las querellas contra el Gobierno se acumulan en los juzgados

Otra querella, en esta ocasión contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha sido presentada por el abogado valenciano Luis Vericat al entender que ha cometido un delito de prevaricación administrativa al haber impedido que la Comunidad Valenciana en su totalidad entrase en la fase 1.

Desde su punto de vista considera que esta decisión se tomó de forma arbitraria basándose en las declaraciones y tuits extraídos de las comparecencias públicas del presidente de la Generalitat, Ximo Puig y de la consellera Barceló.

Otra de las asociaciones constituidas en Valencia es la Asociación de Víctimas y Afectados por Coronavirus (Covid-19) en España. Esta asociación formada por profesionales y cuyo vicepresidente es Javier Gimeno tiene previsto sumarse a algunas de las querellas ya interpuestas contra el Gobierno. EL objetivo inicial de esta asociación es prestar apoyo a los damnificados tanto a nivel emocional como legal.

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