La falta de material sanitario de protección es el motivo de la reclamación. El primer juicio oral tendrá lugar el próximo 20 de julio.

La falta de material sanitario de protección puede salir muy cara a la Generalitat Valenciana. Entre 2.500 y 3.000 médicos afiliados al Sindicato Médico CESM-CV han reclamado compensaciones que podrían llegar hasta los 800.000 euros por cada denunciante. Será el próximo 20 de julio cuando tenga lugar el primer juicio oral contra la Generalitat por la falta de material sanitario de protección, uno de los motivos por los que se ha disparado el contagio de Covid-19 entre los profesionales sanitarios.

Según la información ofrecida por Las Provincias, el Sindicato Médico CESM-CV ha interpuesto cinco demandas en juzgados de lo social de Alicante , Benidorm , Elche, Valencia y Castellón en reconocimiento de la ausencia de material, lo que supone una infracción directa de la ley de riesgos laborales. El responsable de los servicios jurídicos, Guillermo Llago, detalló que se solicitan las compensaciones en base a la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Tal y como informó Guillermo Llago, la inspección de trabajo no ha levantado actas por infracciones. Por esa razón, han acudido directamente a los juzgados, pidiendo indemnizaciones para todos los médicos en cuatro categorías: los que han estado ingresados en un hospital o en la UCI, los que se ha contagiado y lo han pasado en su casa, los que se han visto confinados en su casa, en cuarentena, y al final no estabas contagiados, y para todos los demás que han prestado servicio sin el material adecuado. Las indemnizaciones podrían oscilar entre los 40.985 y los 819.780 euros para cada uno, en función de la gravedad del caso. En los casos menos graves, las compensaciones variarían entre los 2.046 y los 40.985 euros.

Por otro lado, el Sindicato Médico interpuso el martes otra querella contra Ana Barceló, consellera de Sanidad, por el incumplimiento en la dotación de material sanitario adecuado a los médicos y sanitarios durante la gestión de la pandemia. Esta situación supondría un delito contra los derechos de los trabajadores y la infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Esta denuncia se hace extensiva a otros altos cargos como Isaura Navarro, Amparo García Layunta, Ofelia Gimeno, David Fernández y Carmen López Delgado.

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